domingo, 20 de diciembre de 2009
Adital -
Los crímenes por ejecuciones extrajudiciales se han mantenido impunes en Paraguay, principalmente, cuando las víctimas son campesinos(as). La propia falta de medidas de justicia y reparación a las personas ejecutadas y sus familias constituye una forma de violación del derecho a la vida. La evaluación es del Informe Derechos Humanos en Paraguay 2009, divulgado el último día10 por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), durante la jornada "Por un Paraguay sin Discriminaciones".
"La impunidad sistemática en las ejecuciones extrajudiciales está relacionada, sobre todo, con predisposiciones sociales que históricamente han sido relevantes, y continúan siéndolo, cuando las víctimas son campesinos y campesinas", se analiza en el informe. Para la Codehupy, este marco se agrava cuando las víctimas pertenecen a organizaciones sociales, "debido a la frecuente criminalización de las luchas sociales".
Desde octubre de 2008 a octubre de 2009, período considerado por el informe, persistieron en el país asesinatos selectivos y ejecuciones en los conflictos por el acceso a la tierra, se dice en el texto. Fueron, como mínimo, nueve ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, todas mantenidas impunes.
Según el documento, el Estado paraguayo no investigó adecuadamente a ninguna de las personas involucradas en los casos, lo que podría producir pruebas de rigor obligatorias en casos de ejecuciones arbitrarias, según el derecho nacional e internacional.
No se hicieron interrogatorios a testigos, ni inspecciones en la escena del crimen en ninguno de los casos, de acuerdo con la Codehupy. Solamente en tres de ellos se realizó la autopsia de los cuerpos y solamente en dos se hizo la pericia balística completa.
La Codehupy entiende como ejecución arbitraria "toda privación ilegítima de la vida, cometida por un acto u omisión, intencional o preterintencional, de agentes públicos o de personas privadas que actúan con conocimiento, autorización o consentimiento expreso o tácito de las autoridades del Estado".
Casos de impunidad
El informe cita casos de impunidad que registran los crímenes de ejecuciones extrajudiciales en Paraguay. Entre ellos, el del radialista comunitario Martín Ocampos, que en la noche del 12 de enero de este año, fue asesinado con balas de pistolas, por dos jóvenes no identificados, en la puerta de su casa, en Paso Barreto, distrito y departamento de Concepción.
Varias veces, Ocampos fue amenazado por narcotraficantes que operan en la región "con la complicidad de policías, militares y autoridades del gobierno" y eran denunciados por la radio comunitaria Hugua Ñandu FM, afirma el documento. Martín era director de la emisora radiofónica y miembro de la Organización Campesina del Norte (OCN).
El grupo habría sido acusado de promover el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), siendo detenido en 2006 y procesado por, supuestamente, ser parte de la banda que asaltó y destruyó la delegación de la policía de Hugua Ñandu. Un año después del comienzo del juicio, el caso de Martín Ocampos fue desvinculado del proceso judicial.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
Los crímenes por ejecuciones extrajudiciales se han mantenido impunes en Paraguay, principalmente, cuando las víctimas son campesinos(as). La propia falta de medidas de justicia y reparación a las personas ejecutadas y sus familias constituye una forma de violación del derecho a la vida. La evaluación es del Informe Derechos Humanos en Paraguay 2009, divulgado el último día10 por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), durante la jornada "Por un Paraguay sin Discriminaciones".
"La impunidad sistemática en las ejecuciones extrajudiciales está relacionada, sobre todo, con predisposiciones sociales que históricamente han sido relevantes, y continúan siéndolo, cuando las víctimas son campesinos y campesinas", se analiza en el informe. Para la Codehupy, este marco se agrava cuando las víctimas pertenecen a organizaciones sociales, "debido a la frecuente criminalización de las luchas sociales".
Desde octubre de 2008 a octubre de 2009, período considerado por el informe, persistieron en el país asesinatos selectivos y ejecuciones en los conflictos por el acceso a la tierra, se dice en el texto. Fueron, como mínimo, nueve ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, todas mantenidas impunes.
Según el documento, el Estado paraguayo no investigó adecuadamente a ninguna de las personas involucradas en los casos, lo que podría producir pruebas de rigor obligatorias en casos de ejecuciones arbitrarias, según el derecho nacional e internacional.
No se hicieron interrogatorios a testigos, ni inspecciones en la escena del crimen en ninguno de los casos, de acuerdo con la Codehupy. Solamente en tres de ellos se realizó la autopsia de los cuerpos y solamente en dos se hizo la pericia balística completa.
La Codehupy entiende como ejecución arbitraria "toda privación ilegítima de la vida, cometida por un acto u omisión, intencional o preterintencional, de agentes públicos o de personas privadas que actúan con conocimiento, autorización o consentimiento expreso o tácito de las autoridades del Estado".
Casos de impunidad
El informe cita casos de impunidad que registran los crímenes de ejecuciones extrajudiciales en Paraguay. Entre ellos, el del radialista comunitario Martín Ocampos, que en la noche del 12 de enero de este año, fue asesinado con balas de pistolas, por dos jóvenes no identificados, en la puerta de su casa, en Paso Barreto, distrito y departamento de Concepción.
Varias veces, Ocampos fue amenazado por narcotraficantes que operan en la región "con la complicidad de policías, militares y autoridades del gobierno" y eran denunciados por la radio comunitaria Hugua Ñandu FM, afirma el documento. Martín era director de la emisora radiofónica y miembro de la Organización Campesina del Norte (OCN).
El grupo habría sido acusado de promover el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), siendo detenido en 2006 y procesado por, supuestamente, ser parte de la banda que asaltó y destruyó la delegación de la policía de Hugua Ñandu. Un año después del comienzo del juicio, el caso de Martín Ocampos fue desvinculado del proceso judicial.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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